EL CASO AGUAS BLANCAS Y SU COBERTURA EN LOS MEDIOS

Retomando esa espina que espero haber removido en algunos lectores aquí les dejo un ejemplo como los medios pueden convertirse en pilares de las barbaries políticas, del papel que juegan los medios y su cobertura;
Hablemos de la matanza perpetrada el 28 de junio de 1995 en el río las Hamacas, mejor conocido como el vado de Aguas Blancas, sitio localizado en la región de la Costa Grande, en el estado de Guerrero.
En efecto, el Caso de Aguas Blancas y la remoción del gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa, es un ejemplo claro que demuestra cómo la violencia, la distorsión, la manipulación y los medios masivos de comunicación son inseparables.
Contexto. El Marco histórico y los sucesos relevantes en Guerrero

La OCSS (Organización Campesina de la Sierra del Sur) se constituyó en enero de 1994. Desde los primeros días se distinguió por su capacidad de convocatoria entre los habitantes más pobres de la sierra, de todas las edades, muchos jóvenes y adolescentes, hombres y mujeres, y por sus manifestaciones públicas con métodos considerados como radicales, como la toma de carreteras y de palacios municipales.

Esta organización demandaba apoyo para la producción de alimentos, láminas para techar las viviendas, carreteras, escuelas, centros de salud, servicios, y se proponían la defensa de los bosques y de los recursos naturales. Pero también pedían participar en la elección de autoridades en los pueblos, exigían la salida de grupos policíacos y del ejército de las comunidades y la presentación de los desaparecidos en la guerra sucia de la década de los 70’s.

El gobernador Figueroa se movía en una lógica de guerra, y puso a la OCSS en la mira de su política de contrainsurgencia, como lo hizo con otros sectores de oposición que no se sometieron a su control. Durante su gobierno, de menos de tres años, la lista de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dirigentes sociales asesinados por motivos políticos llegó a 84, además de diez asesinatos colectivos en los últimos ocho meses de su administración, casi todos con intervención de grupos policíacos del estado.


Rápidamente la OCSS –que se fundó en Tepetixtla, la comunidad más poblada de la sierra guerrerense, con 20 mil habitantes, en su mayoría muy pobres– se dio a conocer por sus acciones radicales: expulsó al grupo de la Policía Motorizada de Tepetixtla y tomó el cuartel de esa corporación, destruyó las grúas y maquinaria pesada de una empresa privada que explotaba los bosques comunales, paró las actividades de los camiones que transportaban madera de esos bosques y reiteradamente bloqueó la carretera federal de la Costa Grande, única vía de comunicación entre la región y los centros turísticos de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo.

Figueroa vio en esta organización el germen de un nuevo movimiento guerrillero, y por medio de su aparato de espionaje creía descubrir vínculos con antiguas organizaciones armadas como el Partido de los Pobres o el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP). El gobernador desarrolló entonces una política para golpear a la OCSS, buscó intimidar y corromper a sus dirigentes, siendo el primer resultado una escisión, de la que se formó la Organización Benito Juárez, auspiciada por el propio Figueroa (esta organización fue acusada de asesinatos de militantes de la OCSS en la sierra de Tepetixtla).

Figueroa recurrió a los métodos más arcaicos de represión como la desaparición forzada (La OCSS le atribuye la desaparición de Gilberto Romero Vázquez, uno de los representantes de la sierra de Atoyac, que fue visto por última vez el 24 de mayo de 1995); encarceló a uno de sus integrantes, José Guadalupe Guzmán Martínez, hermano del principal dirigente y lo tuvo como rehén para que la OCSS no se movilizara en las elecciones presidenciales de 1994. Así mismo intentó quitarle bases a la OCSS mediante la respuesta parcial a demandas inmediatas como fertilizantes y despensas, y también trató de dividirla, respondiendo a las demandas sólo del núcleo principal, el de Tepetixtla, mientras relegaba a los de otros municipios.

El 28 de junio de 1995 un grupo de campesinos se dirigían a Atoyac de Álvarez, el municipio vecino en la Costa Grande de Guerrero. Iban a exigir la presentación de uno de sus compañeros, Gilberto Romero Vázquez, quien estaba desaparecido, y la entrega de fertilizantes, láminas de cartón, despensas, herbicidas y otros insumos agrícolas para comunidades de cinco municipios.

Más de 400 policías, encabezados por algunos de los principales funcionarios del área policiaca del gobierno del estado los estaban esperando para detenerlos en el vado del río de Las Hamacas, a 3 kilómetros de Aguas Blancas.

Fue así que en la sierra de Coyuca de Benítez, cerca del poblado de Aguas Blancas, fueron asesinados, por efectivos de la policía Motorizada y Judicial del estado 17 campesinos; la policía se encargo de instalar un reten según órdenes del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien buscaba impedir la manifestación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).



Los hechos. La matanza de Aguas Blancas y la cobertura mediática


Los sobrevivientes aseguran que los heridos fueron ejecutados con un tiro en la cabeza. Dieciséis campesinos murieron y otro falleció posteriormente. Después de la matanza los policías colocaron armas de fuego en las manos de los campesinos muertos y aseguraron que ellos habían actuado en legítima defensa. En el lugar de los hechos se encontraba un helicóptero en el cual estaban a bordo el secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy. En el momento que se escuchó el primer disparo, el helicóptero levantó el vuelo.

Todo indica que la masacre fue planificada cuidadosamente. La tarde del martes 27 de junio, los responsables del hospital municipal de Atoyac recibieron instrucciones del gobierno estatal para que estuvieran preparados para cualquier contingencia en las próximas horas. Al mismo tiempo varios grupos de policías salieron por la noche hacia Coyuca de Benítez. Este mismo día, el gobernador habló con la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y le dijo que ya había tomado providencias para que el grupo de la OCSS no llegara a la manifestación de Atoyac y que tratarían de detener a la gente de Tepetixtla, según palabras del propio gobernador “a como dé lugar”. Después de la masacre, tuvieron otra conversación
telefónica, en la que el gobernador expresó “¡Venían a la guerra y guerra tuvieron! ¿Somos o no autoridad?”.

Los Medios ¿Presentes?


El mismo día de los hechos, según consta en la conclusión emitida por la comisión respectiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Comunicación Social de Guerrero y el Sistema de Radio y Televisión del gobierno de este mismo Estado distribuyeron un video con "la versión oficial", En este video se aprecia la imagen de los cuerpos de los campesinos tendidos en el camino, con tomas de acercamiento de las manos inertes empuñando pistolas, este video fue de inmediato difundido a través de los medios masivos de comunicación.

Al siguiente día, el 29 de junio, el entonces gobernador del estado concedió una entrevista telefónica para un programa de televisión a través de la cual manifestó públicamente que "el
problema se presentó cuando una persona brincó con un machete sobre un policía y casi le cercenó el brazo". Posteriormente, en una entrevista televisada, el licenciado Antonio Alcocer Salazar, entonces
Procurador de Justicia del Estado leyó un documento con un discurso cuidadosamente diseñado, discurso que buscaba establecer los términos de un escenario creíble pero, por el contrario, la versión ofrecida al público resultó absurda pues solo destacó la habilidad sobrehumana de un policía para esquivar la trayectoria de una bala disparada en su contra por un provocador infiltrado dentro del grupo de la OCSS.

Estas declaraciones del gobernador y del procurador de justicia, junto con el resto de la propaganda que el gobierno del estado se encargó de difundir para posicionar su versión del
genocidio y el video constituyen la base de la versión dicha “oficial”.


Pero no hay crimen perfecto; un nuevo video de la masacre fue filtrado y posteriormente exhibido en Televisa durante el programa Detrás de la Noticia por el periodista Ricardo Rocha el domingo 25 de febrero de 1996.

Un análisis elemental de la diferencia entre el video "versión oficial" y este nuevo video denominado "toda la verdad" arroja los siguientes resultados (Fig. 1):

Fig.1- Al respecto, resultó evidente una diferencia de 22,378 cuadros y de
12 minutos 26 segundos de duración que fueron suprimidos dolosamente,
aunque se desconoce quién o quiénes fueron los responsables intelectuales y
materiales de tal manipulación.

En el vado de Aguas Blancas se cometió una grave violación contra la vida de 17 campesinos. Se causaron heridas a 21 más. De lo anterior se aprecia que el gobierno de Guerrero en turno actuó cultivando el engaño, el ocultamiento de la verdad histórica y
violando el derecho a la información. La contraposición del video "versión "oficial" con el otro video, que los propios peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llamaron "toda la verdad", reveló la trama perversa del ocultamiento mediático, mismo que por su manufactura resultó ser una pieza digna de museo, debido a la burda manera como se confeccionó la así llamada "versión oficial".
Es así que el periodista Ricardo Rocha y la difusión de la filmación de la masacre campesina en Aguas Blancas desnudaron al en ese entonces, inamovible gobernante, quien a pesar del amañado fallo jurídico a su favor, tuvo que renunciar al cargo.

Proteger a los responsables


La matanza de Aguas Blancas causó indignación en México y en el mundo. Organizaciones sociales y políticas de oposición, organismos civiles defensores de los derechos humanos, e incluso organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se sumaron a las exigencias de justicia.
Sin embargo, en todo momento, las instancias de procuración de justicia y judiciales, protegieron a Figueroa y a sus principales colaboradores; lo mismo diputados, senadores, gobernadores y presidentes municipales, todos priístas; como las estructuras del gobierno federal, los obispos de la Iglesia católica guerrerense y el entonces presidente de la República Ernesto Zedillo.
La legislatura local declaró improcedente el juicio político del gobernador con licencia y de otros cuatro ex funcionarios. A su vez, la procuraduría del estado exoneró a Figueroa y a tres de sus colaboradores por considerar que no habían participado ni directa ni indirectamente en la comisión de delitos.
El leve maquillaje que se hizo a la injusticia, con el encarcelamiento de 28 policías y cuatro funcionarios de nivel medio fue sólo una forma para desviar la investigación y la atención de la sociedad. Pronto, ese maquillaje se fue desvaneciendo.

Un año después, el 11 de julio de 1996, quedó en libertad el delegado de Gobernación de la Costa Grande. En abril de 1999 fueron liberados 15 de los 28 policías motorizados que estaban involucrados, así como el ex subprocurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino
(el funcionario de mayor rango que fue encarcelado).
El director de la Policía Motorizada, Manuel Moreno González, quien personalmente encabezó a los policías que dispararon contra los campesinos, quedó en libertad el 25 de agosto de 2002; y finalmente durante septiembre y octubre de 2003 salieron de la cárcel de Acapulco seis policías más. Quedaban entonces sólo siete policías y el director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos, mismos que fueron trasladados a cárceles lejanas del ojo público
para facilitar su libertad.
Es claro entonces que no hubo voluntad para hacer justicia. Todas las estructuras gubernamentales intervinieron para justificar, proteger y apoyar a Figueroa, el responsable intelectual de la matanza de 17 campesinos, de 21 heridos, de la violación al derecho de libre tránsito, de manifestación, de organización y de información.
Es interesante atender cómo los medios de comunicación de masas mantienen una relación simbiótica con el gobierno y con las fuentes de poder por simple necesidad económica y por reciprocidad de intereses. Hay varias técnicas para desacreditar una protesta y convertir a los manifestantes en locos, extremistas, fanáticos o peligrosos ignorando el motivo de sus demandas. Las marchas son un buen ejemplo: La Jornada las calificaría de exitosas, mientras que el periódico Reforma se referiría a las mismas desde la perspectiva del caos vial que provocan.
Todo el planteamiento expuesto en las páginas precedentes pretende alertar y entender el papel influyente de los medios, que suelen utilizar la desinformación, la tergiversación, la censura, la manipulación, el engaño, la persuasión y la agitación.

Medios ciegos y sordos pero no mudos cuando ocultan verdades al televidente.

Fundamental resulta entonces el análisis de los contenidos que manejan los medios; tristemente puedo aventurar que el medio televisivo no invita a la reflexión. Está hecho para distraer, manipular y optimizar el entretenimiento. Como bien dice Marshall Mcluhan en su libro El medio es el Mensaje "Las sociedades siempre han sido moldeadas por la naturaleza del medio con el que se comunican los hombres, más que por el contenido de dicha comunicación.
En el caso de Aguas Blancas, el manejo de la información fue un tanto novedoso y despierta varias preguntas: ¿Por qué se permitió la transmisión de esa masacre y no de otras?, ¿Fue la transmisión de dicha grabación una sorpresa para los directivos de Televisa y una decisión fortuita de Ricardo Rocha?, ¿Quién o quiénes deseaban terminar con el abuso de Rubén Figueroa?
En la búsqueda de más elementos que puedan contestar alguna de las preguntas precedentes o simplemente darnos una idea del sentir y pensar acerca de la comprometida neutralidad de la prensa me di a la tarea de entrevistar al periodista Ricardo Rocha