El Narcotráfico; ¿lastre de los sexenios Panistas? II, El caso Calderon

Felipe Calderón llegó al poder con la promesa de poner fin a la inseguridad que aqueja a la sociedad mexicana, desde entonces una guerra en contra del crimen organizado se ha desatado.
En la presente investigación analizaremos esta difícil lucha frontal en contra de la delincuencia y crimen organizado, la corrupción en tanto que factor que la alimenta, las acciones específicas que el gobierno de Felipe Calderón ha implementado, los Servidores Públicos involucrados en crimen organizado; pero también el sentimiento de nosotros los mexicanos: nuestras acciones y reacciones, nuestras quejas y como nos afecta día a día.
La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado son sin lugar a duda una guerra larga que durará décadas, un combate que toca y afecta el desarrollo de negocios en México y nuestra imagen en el extranjero, pero ¿El gobierno de Calderón ha empezado con el pie derecho esta guerra?, ¿Estamos en la vía correcta para construir una policía honesta?
Y es que como bien lo dice Alberto Bello “el crimen organizado ya cuenta con su propio sistema de justicia, infiltra instituciones y crea terror” el crimen organizado sin lugar a duda tiene secuestrado a nuestro país.
La corrupción

La corrupción en México es en definitiva un obstáculo y un malestar; un elemento más que nutre esta inseguridad que la sociedad mexicana lejos de erradicar ha visto crecer en los últimos años; múltiples informes y estudios tanto nacionales como internacionales ponen sobre la mesa y plasman con números, gráficas y en papel esta cruda realidad a la que nos enfrentamos en México: una batalla contra los infiltrados de la delincuencia en todos los peldaños del aparato policiaco.

El combate a la corrupción constituye un indicador fundamental y clave de un buen gobierno; es el encargado de medir el grado en que se ejerce el poder público para beneficio privado, mide la corrupción en pequeña y gran escala, y el control del Estado por minorías selectas e intereses privados.
De acuerdo con el Informe sobre los indicadores mundiales de buen gobierno, dado a conocer el pasado mes de junio por Daniel Kaufmann y Massimo Mastruzzi, del Instituto del Banco Mundial, y Aart Kraay, del Grupo de investigaciones sobre el desarrollo. México perdió la marcha que llevaba antes de 2000 y hasta el 2008 en casi la mayoría de los parámetros que mide la Institución, como puede verse en la siguiente gráfica México no muestra avances, e incluso ha retrocedido, en cuestión de corrupción. El informe detalla que otras naciones en vías de desarrollo (muchas de ellas Latinoamericanas) lograron avanzar considerablemente durante el mismo periodo en el que México se estancó e incluso retrocedió.

Paralelamente México fue ubicado en el lugar número 72 en corrupción de un total de 180 países evaluados por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, mismo lugar que ocupó en 2007 en este Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, en inglés), presentado cada año en Berlín según el informe divulgado el pasado mes de septiembre por ese grupo dedicado a denunciar la corrupción política en el mundo.
Triste resulta encontrarnos, en la página México Unido contra la Delincuencia el siguiente cuadro que plasma, como a cien días del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad poco o nada se ha hecho en contra de la corrupción.
En efecto dos años han pasado; hemos visto avances en algunos terrenos pero que decir de la inseguridad y la corrupción. En México es necesario enfrentar no sólo a redes de narcotráfico, sino a estructuras consolidadas que controlan toda la ilegalidad en nuestro país, así cómo a los directivos y agentes de la PGR y la SSPF cuyos titulares están implicados y envueltos en la corrupción.
En México la colusión entre crimen organizado y gobiernos locales comenzó hace más de tres décadas; “cuando el régimen de la revolución empezó su declive, muchas estructuras de seguridad del Estado se volvieron estructuras del crimen organizado” asegura Macario Schettino. Otro elemento de esta creciente corrupción en nuestro país es el diseño de los sistemas de seguridad pública, creado en 1929 por Plutarco Elías Calles “las policías estaban diseñadas para servir al poder, pero como hoy existen varios poderes, sirven a quien les paga” y las empresas han tenido que preservar sus garantías que el Estado no cubre con seguridad privada.
La corrupción y su imperio ha convertido a las oficinas y a sus funcionarios, desde el policía “de semáforo” hasta los más altos funcionarios de la SIEDO, la AFI y la SSP en simples extensiones de la delincuencia. Vergonzoso resulta que la DEA (Agencia antidrogas de Estados Unidos) proporcionara una lista que incluía a coordinadores, directores de área y agentes ministeriales, entre otros que formaban parte del equipo de los hermanos Beltrán Leyva. ¿Qué se ha hecho entonces desde que Calderón asumió la presidencia?
Acciones Implementadas por el Gobierno federal
Calderón decidió entrar a esta guerra con el Ejército como protagonista, opiniones en todos sentidos han surgido: “entró con garra pero con una estrategia errada. Al crimen se le combate con inteligencia no con el ejército” asegura Fred Álvarez analista en seguridad nacional; en contraparte Gertz Manero secretario de Seguridad Pública Federal asume: “fue correcto porque no tenía otra herramienta de la cual echar mano. El problema es estructural”
Diez días después de haber asumido la presidencia Calderón envió al ejército a Michoacán, Sinaloa, Veracruz y otros estados de la república. Al mismo tiempo Genaro García Luna anunció cambios en el perfil de los policías federales. Todo lo anterior con la idea de minar al crimen organizado, debilitando su flujo de dinero, su red operativa y acabar con la corrupción.

El pasado 21 de agosto de 2008, los Poderes Ejecutivos Federal y Estatales, Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal, representantes de las asociaciones de Presidentes Municipales, medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas firmaron el Acuerdo Nacional para la Seguridad, Justicia y Legalidad, en donde se establecieron una serie de medidas para luchar contra el crimen organizado y una de sus principales alimentos, la corrupción; a continuación las enumeraremos:

Acciones a nivel Institucional:

1. sujetar a evaluación permanente y de control de confianza a instituciones policiales y de procuración de justicia, Migración y Centros de Readaptación a través de ser sometidos a exámenes de polígrafo, toxicológico, y psicométrico, entorno social y de aptitud, entre otros.

Cabe destacar que estos exámenes de confianza se han aplicando desde años atrás, pero sin una permanente constancia y sobre todo no se le daba la importancia que en la actualidad se tiene o se pretende tener, derivado del incremento de autoridades del ámbito de la seguridad pública involucradas con células de la delincuencia organizada.

De igual manera las entidades federativas no se han quedado atrás, estados como Morelos durante el inicio de éste sexenio comenzaron a implementar acciones que permitan detectar a aquellos elementos que están coludidos con el crimen organizado. Morelos ha sido la primera entidad del ámbito federal en poner en marcha dos acciones que se agregan a esta lista de medidas contra la corrupción y delincuencia:

2. Programa Especializado de Identificación Humana por Huella Genética, Imagen y Voz.

3. Creación del Banco de Identidad de Armas de Fuego de Instituciones encargadas de la seguridad en Morelos, con la finalidad de dar transparencia y certeza a las actuaciones, que en el marco de la legalidad, deben cumplir cada uno de los servidores públicos del campo de la prevención y persecución del delito, además de sancionar a aquellos que transgredan la ley.
Éste programa consistió en digitalizar la voz e imagen de autoridades estatales y municipales, así como de elementos de seguridad de empresas privadas, aunado a crear una base de datos para todas las corporaciones policíacas, donde además quedará registrada la huella que produce una ojiva al accionar un arma de fuego .
Acciones a nivel sociedad Civil:

1. fortalecer con la participación de la sociedad civil el sistema de denuncia contra la corrupción y mala actuación de los servidores públicos.


Dichas acciones implementadas por el Gobierno Federal tienen el propósito de contar con Policías, Ministerios Públicos y Peritos confiables, honorables, que tengan los perfiles adecuados para desarrollar sus tareas correspondientes, pero sobre todo que honren su obligación de proteger eficazmente a la comunidad de la que forman parte.

Una de las últimas gestiones implementadas por el Presidente de México, Felipe Calderón, fue el entregar también a las Fuerzas Armadas el control operativo de la Secretaría de Seguridad Pública. Al poner al frente de la Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial al general de división DEM Javier del Real Magallanes, quien tendrá bajo su mando a la Policía Federal, el presidente hace chuza: complace a la SEDENA y acota a sus hasta ahora protegido Genaro García Luna. Y a partir del próximo 2009 el principal instrumento que tendrán los militares en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) será la Policía Federal, que se convertirá en la corporación más poderosa, por el número de efectivos y recursos económicos destinados a tareas operativas de seguridad, incluso por encima del Ejército y la Marina.


Servidores Públicos involucrados en el Crimen Organizado
Es evidente y bien conocido que el crimen organizado y el narcotráfico penetró las áreas más sensibles de la PGR; monitoreos, seguimientos e investigaciones se han llevado y siguen llevando a cabo a fin de desnudar la corrupción existente en todo nuestro aparato policiaco.
Cada asesinato, secuestro y matanza demuestran que las autoridades –incluidas las militares- van perdiendo terreno ante el crimen organizado, de acuerdo con el crudo análisis de Alberto Capella, el recién destituido Secretario de Seguridad Pública de Tijuana. Sólo por citar un ejemplo de la descomposición que existe en la ciudad fronteriza: la policía del municipio surte de personal a las bandas de sicarios y su nivel de corrupción es tal que algunos agentes venden “plazas de ladrón” y rentan sus patrullas y sus armas.

Cuando Capella llegó a dirigirla, la SSP tijuanese contaba con 3 mil 420 elementos y muchos de ellos tenían arreglos con el crimen organizado. Ante el desprestigio de la institución, él tomó la iniciativa de expulsar a los policías señalados de participar en diversos delitos, incluidos los secuestros.
Encontró también mucha corrupción. Los policías que salían a la calle, aproximadamente mil 200, tenían que pagar a sus jefes cuotas de 20 a 50 dólares diarios, dependiendo de la zona. También rentaban las patrullas y el armamento, además de vender “plazas” a los delincuentes que roban tarjetas de crédito en la zona turística.
Sin embargo, reconoce que esta depuración también tiene desventajas, pues muchos de los policías despedidos de las corporaciones de seguridad fueron contratados por el crimen organizado. Por ejemplo, dice, de los nueve decapitados que aparecieron la semana anterior en la ciudad, tres eran policías5.

En Morelos el pasado 23 de octubre del 2008 son privados de la vida el Subprocurador de Asuntos Contra la Delincuencia Organizada, Andrés Dimitriadis Juárez y sus escoltas Mario Ovalles Contreras y Jaime Guzmán Navarro. Al filo de las 23 horas en las inmediaciones de la calle Prolongación Diana, Colonia Amate Redondo, de esa ciudad capital, personas desconocidas abrieron fuego contra el vehículo Ford Blanco, y sus ocupantes. Los escoltas del Subprocurador trataron de evadir a sus sicarios, repeliendo la agresión y accionando sus armas de fuego en legítima defensa, pero al no lograrlo fueron cobardemente asesinados por individuos fuertemente armados que viajaban en dos vehículos. Encontrando en el lugar varios casquillos percutidos calibre .223 y .9m.

En los pasillos de la Procuraduría General de Justicia de Morelos, hay un gran rumor de que ex Policías Ministeriales y elementos en activo se encuentran involucrados en estos sucesos, al siguiente día, 24 de octubre, la PGR a través de su delegación estatal, ofrecía una recompensa por 5 millones de pesos a quien proporcione datos que lleven a la captura de los presuntos sicarios. Situación que hasta la fecha no ha sido esclarecida.
Como es evidente en los párrafos precedentes la lista, al día de hoy ya es bastante larga; los numerosos y aparatosos operativos en contra del crimen organizado y la corrupción han desnudado a varios agentes y directivos:
Infiltrados
Instancia
Acusaciones
Ramírez Mandujano Fernando Rivera, Roberto García, Miguel Colorado y el Comandante Milton Cilia Pérez
SIEDO
proporcionaban protección al cártel de Sinaloa
Alberto Zavala Segovia, Luis Manuel Aguilar Flores y Antonio Mejía
AFI
protegían a Fernando Rivero
Edgar Bayardo, Víctor Garay y Francisco Navarro
División antidrogas de la PFP
protegía las operaciones de de los hermanos Zambada García
Rodolfo de la Guardia y su sucesor Ricardo Gutiérrez Vargas
Interpol y despliegue regional de la AFI
sirvieron con información y protección al cártel de Sinaloa


Podemos entonces adelantar que de llevarse a sus últimas consecuencias la Operación Limpieza, pocos serán los directivos y agentes de la SSP que quedarán exentos de las imputaciones que los impliquen con alguna forma de delincuencia.
Y nosostros en tanto que sociedad ¿Qué hemos hecho al respecto?